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En su último informe “Desapariciones forzadas en contexto de la militarización en la costa en Ecuador”, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos recoge una serie de casos de personas detenidas desaparecidas por patrullas de las Fuerzas Armadas del Ecuador en el contexto de la militarización decretada por el Gobierno. Los casos suman 27 personas víctimas de desapariciones forzadas, en la costa del país. Nueve de ellas son menores de edad.

En respuesta a la violencia criminal que campea en Ecuador, el presidente Daniel Noboa declaró en “conflicto armado interno” al país y en enero de 2024 emitió un decreto ejecutivo proclamando el estado de excepción y movilizando a las Fuerzas Armadas por todo el territorio. Se promovió el uso de la fuerza letal contra la población para “neutralizar grupos terroristas”. Organizaciones de derechos humanos, nacionales e internacionales, alertaron el sobre el riesgo que esta medida implica para la vida y la integridad ciudadana.

“No existe tal conflicto armado”

“Desde el primer día, nosotros alertamos de que esta militarización de la seguridad ciudadana iba a poner en riesgo a la población civil. Los militares no están capacitados para atender tareas de seguridad ciudadana, porque su formación está enfocada en la erradicación del ‘enemigo’. Y esto se agudizó a partir de la declaratoria política del ‘conflicto armado interno’. Digo política porque en la realidad no existe tal conflicto armado interno. Existe una diferencia abismal entre crisis de inseguridad y un contexto de conflicto armado interno”, explica para RFI Fernando Bastias, experto legal del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos.

“Eso fortaleció la tesis del ataque contra la población civil, bajo el discurso del uso letal de la fuerza contra ‘terroristas’ y eso ocasionó los primeros casos reportados de tortura, luego, las detenciones arbitrarias y, progresivamente, se fueron sumando las desapariciones forzadas que hasta la fecha se suman 27 víctimas, incluyendo adolescentes y niños”, subraya.

“Perfilamiento racial”

En cuanto a los perfiles de las personas desaparecidas, Bastias precisa que “en primer lugar, las desapariciones iniciaron con una detención ilegal arbitraria y se mantuvo con una incomunicación. No hay víctimas directas, resultado de una selección o de una política de terror; pero sí es el resultado de un comportamiento de las Fuerzas Armadas en aplicar el perfilamiento racial. Y también en hacer un uso indiscriminado de su capacidad de ejercer la fuerza estatal”.

“Son las personas de barrios empobrecidos, personas afroecuatorianas y en contexto rural las principales víctimas de desaparición porque cumplen los estereotipos. El presidente ha promovido en redes sociales contra quienes debe ir la mano dura: contra la gente pobre, no contra las megas estructuras financieras que existen en el país”, indica.

“Civiles comunes y corrientes”

Según el experto, “los índices de violencia del crimen organizado no han cambiado. De los casos que nosotros tenemos a la mano, ninguno tiene indicios de antecedentes penales o de haber participado en algún delito o de formar parte de algún grupo de delincuencia organizada. Más bien, eran civiles comunes y corrientes”.

“Ese es el riesgo. Cuando tú normalizas que Fuerzas Armadas ejecute operativos sin ningún tipo de control, que las personas que no tienen nada que ver sean víctimas de crímenes también cometidos por ellos. Y aunque hubieran tenido antecedentes, hay un procedimiento que seguir”, recalca. El tener un prontuario delictivo no justificaría el crimen de lesa humanidad que constituye la desaparición forzada.

Asimismo, defensores de derechos humanos señalan que la situación en Ecuador no cumple con los requisitos establecidos para declarar un “conflicto armado interno”. Estas organizaciones alertaron de que la movilización de las Fuerzas Armadas es una medida mediática que refuerza un enfoque “securitista y punitivista” y pone en grave riesgo derechos humanos fundamentales. Estiman que lo que el país necesita es una política pública con medidas efectivas, integrales, estratégicas, técnicas y profesionales, de mediano y largo plazo que aborde los factores que inciden en el aumento y proliferación del crimen organizado.